El concepto de sostenibilidad social lo encontramos en la Agenda 2030 cuando señala como esfera de importancia crítica a las personas, estableciendo el compromiso de los países firmantes en “poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable” (Resolución A/RES/70/1, de 25 de Noviembre de 2015, de la ONU, pág. 1). De hecho, el preámbulo de la Agenda reconoce “que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible” (Resolución A/RES/70/1, de 25 de Noviembre de 2015, de la ONU, pág. 1).

La sostenibilidad social se configura como elemento clave en una Agenda que se fundamenta en los derechos humanos. Los ODS buscan el logro de una vida digna y feliz que permita desarrollar el potencial de las personas en un entorno seguro, sano, justo, y que propicie la igualdad de oportunidades. Concebir la pobreza como la falta de ingresos es no entender el alcance y la complejidad de esta; es un fenómeno multidimensional que incide en numerosos aspectos de la vida de las personas y, por extensión, de la sociedad. La consecución de la sostenibilidad social dependerá, en gran medida, no solo de la reducción del número de personas en situación de pobreza y de poner fin al hambre y a la malnutrición, sino de que exista acceso igualitario a una alimentación sana, a bienes y servicios sanitarios, y a una educación inclusiva de calidad, con oportunidades de formación superior. Por ello, los sistemas de protección social, el sistema sanitario y el sistema educativo impactan sobre los niveles de desigualdad y pobreza de la población, corrigiendo los peores resultados económicos y en salud de la población empobrecida y vulnerable; aminorando la reproducción de las desigualdades con carácter intergeneracional. Pero también lo hacen las otras dimensiones del desarrollo sostenible como la económica y la ambiental, pues en el logro de una vida digna, las personas necesitan disponer de oportunidades de empleo decente para valerse por sí mismas, y un entorno saludable para la vida.

En el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU se enfatiza la importancia de la dimensión ambiental, especificando la firme determinación para “proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras” (Resolución A/RES/70/1, de 25 de Noviembre de 2015, de la ONU, pág 2).

En un enfoque de desarrollo sostenible, la sostenibilidad ambiental de un territorio se refiere a la capacidad de gestionarlo, manteniéndolo en el tiempo, sin agotar sus recursos o deteriorar sus ecosistemas y los servicios que proveen.

Como se plantea en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, ha llegado el momento de reconciliarnos con la naturaleza. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la propagación de pandemias devastadoras no nos dejan otra elección. (Comisión Europea, 2020.) Esta estrategia sobre biodiversidad debe encaminarnos hacia la recuperación ecológica de aquí a 2030.

La biodiversidad es esencial para la vida. La naturaleza nos procura alimentos, medicamentos, materias primas y ocio, además de contribuir a nuestra salud y bienestar. Un ecosistema sano filtra el aire y el agua, contribuye al mantenimiento del equilibrio climático, transforma los residuos en recursos, poliniza y fertiliza los cultivos, entre otros. Además, gran parte del producto interior bruto (PIB) de los países depende de la naturaleza.

La pérdida de biodiversidad y la crisis climática son interdependientes. Si una se agrava, la otra sigue la misma tendencia. Recuperar los bosques, los suelos y los humedales, los recursos hídricos, así como el litoral y el ámbito marino es esencial para mitigar los efectos del cambio climático. También lo es crear nuevos espacios verdes en las ciudades, relocalizar especies y hábitats, infraestructuras verdes y corredores biológicos extendidos por todo el territorio y en el ámbito marino, que permitan los flujos que requiere la evolución y adaptación de las especies, así como luchar contra las especies invasoras mejorando la salud de los hábitats y los ecosistemas.

La transformación social y medioambiental, al igual que la económica, dependen de la acción conjunta y coordinada de diversos actores, requiriéndose una gobernanza integrada para el logro de objetivos comunes y este proceso requiere de una dinamización y coordinación para ir todas las personas y partes interesadas en la misma dirección, a fin de alcanzar un objetivo común: el desarrollo integral sostenible.

El documento de la ONU en el que se ratifica la Agenda 2030 destaca que los Estados firmantes están “decididos a velar porque todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza” (Resolución A/RES/70/1, de 25 de Noviembre de 2015, de la ONU, pág 2).

De acuerdo con este postulado, se entiende que la consecución de la sostenibilidad económica requiere que la economía de un territorio permita que las personas puedan desarrollar sus vidas de manera próspera y plena. Para ello, se debe tratar de mantener unos niveles de crecimiento económico per cápita adecuados de acuerdo con las circunstancias nacionales y de la región, y que estos se traduzcan en progreso social mediante la mejora de las condiciones de vida de amplios grupos de la sociedad. En esta línea, el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para alcanzar la sostenibilidad económica, teniéndose que orientar este hacia el logro de objetivos como la generación de empleo pleno, productivo y decente para todas las mujeres y hombres. De igual modo, el potencial de crecimiento de un territorio no es ajeno a la problemática social. Se debe prestar atención a las desigualdades sociales (como las motivadas por renta o sexo), ya que pueden traducirse en una mayor desigualdad de oportunidades que ralentice el crecimiento económico y la productividad, al limitar el potencial y el talento de numerosas personas.

En todo caso, la consecución de la sostenibilidad económica dependerá en gran medida de los niveles de productividad, eficiencia y competitividad con los que opere el tejido productivo. Las mejoras en este ámbito deberán venir motivadas por una mayor diversificación de la economía, la modernización tecnológica y la innovación, así como por un mayor crecimiento de las actividades económicas generadoras de un alto valor añadido. Estos avances requerirán de la aplicación de políticas que apoyen el emprendimiento y la creatividad, tanto en las empresas ya constituidas como en las nuevas actividades que se desarrollen, y que promuevan una mayor inversión en investigación.

Por último, la sostenibilidad económica implica que el crecimiento de las sociedades no puede realizarse a costa de un continuo deterioro del medioambiente; por tanto, será necesario avanzar hacia una producción y un consumo eficientes en términos de recursos, que permitan desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, fomentando, entre otras acciones, la expansión de las energías renovables y una mayor eficiencia energética. A su vez, la innovación y el desarrollo económico son una vía clave para obtener alternativas que posibiliten procesos productivos más sostenibles. La búsqueda por parte de las empresas de una oferta de nuevos bienes y servicios más respetuosos con el planeta puede reducir el impacto medioambiental en los ámbitos de la transformación, la distribución y el consumo.

Los Estados firmantes de la Agenda 2030 están “decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia, pues no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible” (Resolución A/RES/70/1, de 25 de Noviembre de 2015, de la ONU, pág 2). Por otro lado, deberán estar decididos a “movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas” (Resolución A/RES/70/1, de 25 de Noviembre de 2015, de la ONU, pág 2).

La inclusión de los ODS 16 (Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas) y 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible) como dimensiones o ejes transversales de la Agenda 2030 suponen un cambio fundamental en la concepción del desarrollo global. Estas dos dimensiones se erigen como facilitadoras – si se atienden convenientemente – u obstaculizadoras – si no se les presta atención o son atendidas de manera inadecuada – del desarrollo sostenible.

Estas dos dimensiones no son tan solo consideradas como precursoras del desarrollo sostenible, sino que, además, se reconoce que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, sin justicia, sin instituciones fuertes, eficientes y eficaces, y sin alianzas multiactor. Más aún, los avances en materia de desarrollo sostenible pueden perderse fácilmente si no se garantiza en todo momento la paz, la justicia, un marco institucional sólido, eficaz y eficiente, y si no se promueven las alianzas entre múltiples y diversos agentes.

Resulta fundamental interiorizar en la gestión pública la Agenda 2030. Una Agenda cuyas dimensiones y objetivos se filtran en todas las políticas públicas, en todas las áreas de actuación. Y en ese contexto las AA. PP. tienen la obligación de transformarse en administraciones con propósito, y hacerlo apoyándose en los ODS. “Nos encontramos ante un nuevo contrato social que requiere partir de una visión integradora e integral que aglutine las políticas públicas internas y la coherencia de las políticas con el desarrollo sostenible en un esfuerzo colectivo conjunto; es necesario generar mecanismos que permitan cooperar y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son múltiples las posibilidades de activarlos desde el ámbito del sector público” (Campos, 2021). La Agenda 2030 debe estar presente en todas las decisiones estratégicas de futuro.

La ACDS 2030 hace suyas estas premisas, e interioriza la aspiración de promover un nuevo paradigma de desarrollo, tanto en su alcance como en su instrumentalización. Una agenda compartida que parte de un enfoque holístico, sistémico e integral; que nos obliga a adoptar una aproximación multisectorial, que rompa con los silos o búnkeres departamentales e intergubernamentales; que reclama una aproximación de abajo hacia arriba, participativa y basada en las particularidades de nuestro archipiélago, de sus ocho islas y sus 88 municipios. Una agenda que propugna no sólo la coordinación interdepartamental dentro de los gobiernos municipales, insulares y regional, sino también la coordinación vertical, interinstitucional; así como el establecimiento de alianzas multiactor, incluidas las de naturaleza público-privada, incluyendo en estas últimas requisitos a favor de las empresas más respetuosas a nivel social y medioambiental tal y como hemos propuesto en las prioridades vinculadas a los retos región y políticas aceleradoras anteriores relativas a las dimensiones personas, planeta y prosperidad.

Ninguna organización, ni pública ni privada, podrá contribuir de manera efectiva al logro de los ODS sin adaptar su estructura organizativa, su cultura y su modelo de gestión. Esta aseveración ofrece otra lectura, acaso más propositiva, a saber: las organizaciones, también las organizaciones públicas, pueden considerar los ODS como una oportunidad única para cambiar y crear un entorno mejor para el desarrollo de su propia misión definiendo un marco estratégico adecuado para alcanzar una visión alineada con el buen gobierno en la que los ODS se convierten en palancas de innovación y cambio organizativo. Desde esta óptica, todas las organizaciones deberán integrar los ODS en su planificación estratégica y en sus presupuestos.

La Agenda 2030 de la ONU se elaboró sobre un proceso consultivo sin precedentes. Dentro de las múltiples líneas de reflexión y consulta que se emprendieron, se llevó a cabo una campaña denominada El futuro que queremos incluye a la cultura. Diversas organizaciones, sociedad civil y expertos de más de un centenar de países se reunieron y trabajaron de forma conjunta, generando múltiples trabajos, documentos y propuestas de inclusión de la cultura en la Agenda 2030.

Sin embargo, finalmente la Agenda 2030 no incorporó ningún objetivo específico en los ODS que tratase específicamente sobre la dimensión cultural del desarrollo sostenible. Tan sólo encontramos unas pocas referencias más o menos explícitas a la cultura y su conexión con el desarrollo sostenible en unas pocas metas globales. Algunos ejemplos se exponen a continuación:

• Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
• Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
• Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
• Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
• Meta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

En nuestro ámbito, finalmente, las partes interesadas firmantes de la ACDS 2030 concluyeron:

• Que los procesos de contextualización de la Agenda 2030 en la realidad concreta de los territorios y sociedades reclaman la consideración de la cultura, de “los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo” (Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales , artículo 2);
• Que, además, las relaciones entre cultura y desarrollo sostenible no son algo nuevo, sino que tienen amplios antecedentes en el ámbito de las políticas culturales territoriales, así como en las discusiones multilaterales de Naciones Unidas; y
• Que la cultura, al comprender los valores, creencias y convicciones de cada persona y, por extensión, de la sociedad, es un precursor necesario del desarrollo sostenible.