Con el fin de alcanzar la sostenibilidad económica, sin descuidar las dimensiones social y ambiental del desarrollo sostenible, las actuaciones público-privadas deberán motivar que el modelo económico avance hacia una competitividad territorial sostenible, entendida como el conjunto de políticas, instituciones y factores que favorecen la mejora continuada (de forma sustentable en el tiempo) de la productividad de nuestra economía, y la creación de un entorno favorable para la creación de valor por parte de las empresas, asegurando en todo momento la sostenibilidad social y ambiental. Una mayor competitividad territorial para Canarias debe suponer, en última instancia, una ventaja competitiva que permita generar mayor valor añadido y operar con niveles de productividad y eficiencia más altos a las empresas que operan en las islas, a la vez que generan valor compartido, valor social. Estos avances es fundamental que se promuevan a través de la concertación social tripartita a escala tanto regional como estatal y el refuerzo del papel de las relaciones laborales y la negociación colectiva, y deben comprometer no solo a las nuevas actividades económicas que surjan en la próxima década, sino también a aquellas ya implantadas y con un gran peso en el territorio. En este sentido, sectores como el turismo deberán evolucionar hacia un modelo basado en la calidad y la sostenibilidad.

Resulta muy difícil sobrevalorar la importancia estratégica de la productividad de cara, por ejemplo, a elevar la tasa de crecimiento potencial de la economía, generar empleo de calidad, o mejorar simultáneamente los márgenes empresariales y los salarios sin generar tensiones inflacionistas ni comprometer la competitividad de las empresas.

La importancia de la productividad se va a ver acrecentada en los próximos lustros, en un escenario que vendrá marcado por el menor ritmo de avance del factor demográfico, y, por esta vía, de la proporción de la población en edad de trabajar. En efecto, en las próximas décadas no vamos a contar con el apoyo de la demografía para crecer, debido al creciente envejecimiento de la población. Por tanto, si no logramos revertir la dinámica desfavorable mostrada por la productividad, el avance del PIB canario se verá ralentizado, lo que dificultará mantenernos en la senda de la convergencia hacia los estándares de renta per cápita nacionales y europeos.

El problema de la baja productividad en Canarias y su reducido e inestable ritmo de avance no se circunscribe a unas pocas ramas de actividad. Se trata de un problema que afecta a la mayoría de ramas de actividad de nuestra economía. Su origen multicausal (deficiencias de nuestro stock de capital humano; déficit de liderazgo empresarial y limitadas capacidades gerenciales y de gestión de recursos humanos, especialmente en empresas de menor dimensión; debilidades del ecosistema de I+D+i; un marco institucional, regulatorio y administrativo que lejos de actuar como facilitador o catalizador, acostumbra a ejercer como obstaculizador; tejido empresarial débil, dominado por empresas de muy reducido tamaño, con escasa cultura asociativa y de cooperación; etc.) demanda de enfoques y planes de actuación integrales, que comprendan toda su complejidad.

El fomento de esta transición hacia la competitividad territorial sostenible y la mejora continuada de los estándares de productividad y eficiencia debe contar con el impulso de las instituciones públicas, que tendrán que asumir un papel activo, impulsando las inversiones estratégicas necesarias, incluyendo cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública o llevando a cabo las reformas fiscales pertinentes para adecuar el sistema tributario al siglo XXI. Pero el cambio, al ser una puerta que sólo puede abrirse desde dentro, deberá venir acompañado de la firme voluntad, compromiso y empuje de todos los actores territoriales, y muy especialmente de las empresas y del sector privado. Será preciso, por tanto, el establecimiento y consolidación de alianzas multiactor, incluidas las de naturaleza público-privada.

El turismo constituye un sector estratégico dentro de las islas. Tanto por su contribución directa sobre la producción y el empleo, como por sus efectos de arrastre sobre otras ramas de actividad, la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible para Canarias será inviable sin la concurrencia, más aún, sin el firme compromiso y liderazgo, del sector turístico. Estamos obligados a repensar el modelo turístico de Canarias, a repensarnos como destino turístico. Tal y como ha señalado recientemente el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, “la sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo, sino que debe ser la nueva norma en todos y cada uno de los segmentos del sector” (OMT, 2020). Todas las modalidades de actividad, todos los eslabones de la cadena de valor y todos sus agentes están llamados a interiorizar la sostenibilidad. “El turismo sostenible no debe considerarse una forma especial de turismo, sino que todas las formas de turismo deben esforzarse por ser más sostenibles” (OECD, 2020b, pág. 92).

Hemos de procurar un cambio de paradigma, y revisar la forma en que evaluamos el éxito turístico. Es necesario, tal y como señala la OCDE, pasar de un paradigma de crecimiento centrado en la demanda, en el aumento del número de visitantes y de pernoctaciones como el objetivo principal, a otro capaz de ofrecer una visión sostenible para el futuro. El objetivo deseado es un futuro en el que el éxito del turismo se centre en los impactos positivos que esta actividad puede y debe proporcionar a nivel de destino; que sea evaluado por su eficacia en la generación de medios de vida, contribuyendo a la economía de nuestras islas y municipios, la generación de empleo decente y el respeto por el medioambiente y los equilibrios naturales; que nuestra identidad turística, nuestro sello distintivo, sea la sostenibilidad. Un ejercicio que requiere de la participación activa e informada de todas las partes interesadas, que reconozca que la realidad turística canaria no es uniforme; que provea de una adecuada gobernanza y venga acompañado de un liderazgo político firme para garantizar una amplia participación y la creación de consensos (OECD, 2020b).

Ahora bien, siendo cierto que una cuota considerable de nuestra capacidad para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible pasa inevitablemente por el turismo, no podemos obviar que la salud y fortaleza de nuestro modelo de desarrollo y de nuestra economía pasa irremediablemente por evitar que todo sea turismo. La diversificación emerge, por tanto, como otra pieza clave para transitar hacia un modelo de desarrollo territorial competitivo, sostenible y resiliente.

Sin duda, vectores transversales como la economía circular, la economía verde, la economía azul o la economía naranja ofrecen un gran potencial para Canarias en términos de nuevas oportunidades de negocio, la emergencia de nuevas actividades, segmentos de mercado y nichos de empleo. El avance de estas actividades supondrá una menor dependencia de la actividad turística, un mayor grado de diversificación y, por esta vía, una mayor resiliencia del modelo económico de Canarias.

Pero conviene no perder de vista que parte de los procesos de diversificación se asientan sobre las fortalezas ya existentes en los territorios. Que especialización y diversificación no son conceptos antagónicos, y que la actividad turística ofrece tres grandes áreas de trabajo para promover la diversificación económica: (a) dentro de la propia cadena de valor turística tradicional (excesivamente sesgada en Canarias hacia el sector alojativo y un escaso desarrollo relativo de otros servicios en el destino); (b) en la cadena de valor turística ampliada (segundo nivel que incluye a empresas de actividades agrícolas, de la artesanía, el reciclaje, mobiliario, energía, agua, marketing, asesoramiento, sector audiovisual, servicios profesionales, etc., que ofrecen servicios a las empresas turísticas y que constituyen un nuevo marco de oportunidades económicas); y (c) en la cadena de valor global (el desarrollo turístico de Canarias, a diferencia de lo que ha sucedido en otras regiones, no ha dado lugar a estrategias relevantes de internacionalización) (Hernández & Padrón, 2020).

La transformación digital debe integrarse en el marco de la sostenibilidad, considerando sus dimensiones ambiental y social a la vez que posibilita la transformación del sistema económico en general, y de los sectores productivos en particular. Su naturaleza transversal le otorga un papel clave como herramienta de apoyo (o ralentización, si no se aborda correctamente) a los objetivos y metas de la ACDS 2030.

La digitalización del sistema productivo constituye un elemento potenciador de la competitividad territorial sostenible, debiendo ser apoyada por las Administraciones públicas desde sus diferentes ámbitos competenciales. La digitalización no solo supone una oportunidad para mejorar los niveles de eficiencia con los que funcionan los sectores productivos que operan actualmente en Canarias. También constituye un facilitador para el desarrollo de nuevas actividades productivas (como los servicios no presenciales), motivando la diversificación del tejido productivo y la generación de empleo estable y de calidad.

Avanzar en el proceso de transformación digital requerirá, entre otras actuaciones, del diseño e implementación de un plan integral de ayuda a la transformación digital, adaptado a las necesidades de cada sector y tamaño empresarial, con foco especial en las pymes y los autónomos, y que contemple a las Administraciones públicas; mejorar las competencias digitales de nuestra fuerza laboral; relanzar la inversión en infraestructuras digitales (red de fibra, tecnología 5G, autovías inteligentes, acceso a la digitalización de sectores transversales estratégicos -sanidad, educación, energía-); reducir la incertidumbre asociada a la digitalización (regulación) y los problemas de ciberseguridad; o fomentar la incorporación de robots en nuestro tejido productivo y en la propia Administración.

La digitalización también debe llegar a la Administración pública, como un elemento central en el ineludible proceso de modernización que debe afrontar. Problemas enquistados en la cosa pública como la complejidad y lentitud de respuesta en las gestiones y trámites burocráticos podrían corregirse, al menos parcialmente, gracias a la transformación digital. En esta línea, la creación de “una plataforma digital integral de gestión administrativa para pymes y autónomos, que coordine y agilice los trámites requeridos por la Administración pública para la obtención de ayudas, subvenciones y licitaciones” (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia Gobierno de España, 2021, pág. 83) constituye un buen ejemplo de una actuación que revertiría grandes beneficios colectivos.

En el mismo sentido, la digitalización abre nuevos escenarios para la creación de alianzas multiactor, también entre los sectores público y privado, y ofrece a la Administración pública, en general, y al Gobierno de Canarias, en particular, la posibilidad de convertirse en un proveedor de inteligencia económica al conjunto de la sociedad canaria, y en especial al tejido empresarial, a través de actividades de recolección, interpretación, análisis, valoración, y difusión de la información estratégicamente útil. Más aún, el resultado de los análisis derivados de la inteligencia económica aplicada a la realidad de Canarias debe orientar los procesos de toma de decisiones en la Administración, guiar el diseño e implantación de las políticas públicas.

La transformación digital debe ir acompañada de garantías suficientes para que todas las personas, organizaciones y sectores institucionales y productivos tengan garantizado el acceso a la era digital. Terminar con la brecha digital exige actuar tanto sobre la conectividad y la accesibilidad, como sobre la capacitación, y debe incorporar la perspectiva de género, la dimensión territorial y, por supuesto, prestar especial atención a las empresas de menor dimensión y personas autónomas.

Los grandes retos globales y megatendencias que enfrentamos y que marcarán el futuro inmediato nos interpelan a afianzar de manera progresiva nuestro modelo productivo sobre los pilares de la innovación y el conocimiento. Sólo así podremos ser competitivos en un escenario marcado por la transformación tecnológica y la sostenibilidad medioambiental.

La evolución hacia un nuevo modelo productivo basado en una mayor competitividad del tejido productivo canario requerirá que este aumente su capacidad de innovar y de generar valor añadido con criterios de sostenibilidad. En este sentido, se deberá motivar el buen funcionamiento de todos los actores dentro del sistema de innovación, aprovechando las potenciales sinergias entre ellos, con el fin de desarrollar proyectos emprendedores en diferentes sectores, especialmente en aquellos generadores de un alto valor añadido. Para el logro de este objetivo, será necesario promover el desarrollo de I+D+i, tanto desde la iniciativa pública como la privada, mediante unos niveles adecuados de inversión, así como facilitar su transferencia y empleo por parte del tejido productivo.

De igual modo, se fomentará y facilitará el emprendimiento en todas sus formas y el desarrollo de nuevas actividades económicas tanto en el entorno urbano como rural. Para promover un nuevo paradigma de desarrollo es fundamental el impulso de la I+D+i para avanzar hacia modelos económicos más abiertos y competitivos. En este sentido, la participación de los agentes del ecosistema de conocimiento de Canarias, tales como universidades, centros de I+D, u otros agentes se erigen como imprescindibles para abordar la consecución de los ODS teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología son fundamentales para abordar los retos actuales y futuros de la sociedad canaria.

El impulso de la I+D+i debe realizarse de “forma sostenida en el tiempo (reduciendo los efectos del ciclo económico sobre el volumen de financiación), considerando los beneficios netos de las iniciativas públicas en un horizonte de medio y largo plazo, y generando los incentivos necesarios para fomentar el aumento de la inversión en I+D privada” (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia Gobierno de España, 2021, pág. 79). A tal fin, hemos de estructurar adecuadamente los sistemas de ayudas a la inversión para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos; mejorar el sistema de gobernanza multinivel y multiactor en el campo de la innovación; orientar las iniciativas de innovación desde una nueva perspectiva holística, orientadas a misiones estratégicas (resolución de desafíos concretos y, por tanto, medibles) que aprovechen las oportunidades emergentes; potenciar la investigación científico-tecnológica en las universidades y su transferencia al tejido productivo; incrementar la dotación económica y establecer un sistema de incentivos adecuado para el fomento de centros de excelencia de referencia internacional, que faciliten el retorno y la retención del talento nacional, así como la captación del extranjero; y promover la creación de una red de hubs de innovación en sectores económicos donde se han detectado nichos de mercado con potencial de crecimiento e internacionalización (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia Gobierno de España, 2021).

Dado que a través de la investigación y la innovación aspiramos a dotarnos de una mayor capacidad de actuación para combatir muchos de los desafíos emergentes asociados al desarrollo sostenible, y, por esta vía, alcanzar estadios superiores de prosperidad y bienestar, resulta fundamental incorporar la perspectiva de género y así asegurar la excelencia en las investigaciones.

Resulta imposible entender la historia económica de Canarias sin una referencia explícita a su sector exterior y la relación con otros mercados. Un repaso a la historiografía de las islas deja patente que las etapas de mayor esplendor económico han coincidido, por lo general, con una apuesta clara por la apertura exterior, mientras que las etapas económicas más grises se relacionan con el ascenso de postulados proteccionistas.

La importancia del papel que puede jugar el sector exterior ha quedado patente en las últimas crisis que hemos atravesado: la originada a partir del colapso de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la asociada a la irrupción de la pandemia de la COVID-19. Por ello, y con el fin de contribuir, no solo a una mayor resiliencia sino también a una mayor diversificación, es vital aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores.

Por tanto, la apuesta por la apertura al exterior e internacionalización de nuestra economía será decidida, procurando que el sector exterior contribuya positivamente no sólo al crecimiento, sino también al desarrollo sostenible de las islas. A tal fin, y sin ánimo de ser exhaustivos, debemos aumentar la base de empresas exportadoras, especialmente de aquellas que lo hacen de forma regular, y su propensión a exportar; incrementar el valor añadido de las exportaciones y procurar aumentar una mayor diversificación de los mercados de destino de nuestras exportaciones e inversiones; mejorar nuestra capacidad para atraer inversión extranjera directa, productiva, con efectos de arrastre sobre el resto del tejido productivo de las islas y preferiblemente en sectores emergentes vinculados con la sostenibilidad ambiental, la economía circular, la economía azul, la economía creativa, la digitalización, etc.

Sin duda, son muchos y variados los instrumentos que pueden y deben emplearse para impulsar nuestro sector exterior y la internacionalización de la economía canaria: facilitar el acceso a la información relevante a las empresas, especialmente a las de menor dimensión; sensibilizar sobre la importancia estratégica de la internacionalización y acompañar en los procesos de salida al exterior; favorecer el aumento del tamaño de la empresa e impulsar procesos de agrupación; implementar programas de formación específicos para estudiantes y profesionales en el ámbito de la internacionalización para mejorar el capital humano; facilitar la atracción de talento, mejorar los instrumentos financieros de apoyo a las empresas en materia de internacionalización; potenciar la cooperación tecnológica exterior; aumentar la participación de nuestras empresas en contratos de licitaciones internacionales, etc.

Pero no puede perderse de vista que, por encima de todo, hemos de mejorar los estándares competitivos de nuestra economía y de nuestras empresas. La mejora de la competitividad territorial y empresarial es la causa y no la consecuencia de una internacionalización sólida. En lugar de centrarnos en la internacionalización de las empresas per se (o exclusivamente), hemos de fomentar la mejora de los parámetros competitivos.

Con todo, lo anterior reclama al menos tres matizaciones de calado que deben ser interiorizadas en las estrategias que se vayan a implementar de cara a mejorar nuestra situación competitiva y promover la internacionalización. La primera tiene que ver con la delgada frontera que separa los procesos de apertura e internacionalización de situaciones que lo que realmente delatan es una alta dependencia del exterior. Dependiendo de cómo se articule la integración de una economía en los mercados internacionales, el sector exterior puede ser un catalizador de la diversificación y traccionar sobre el resto del tejido productivo local, o, por el contrario, suponer un obstáculo a la aparición y consolidación de nuevas actividades, condenando a un creciente grado de dependencia de los mercados exteriores. La segunda matización importante que debemos realizar tiene que ver con el hecho de que los procesos de apertura e internacionalización no garantizan la obtención de beneficios económicos perdurables en el tiempo, y mucho menos un impacto favorable sobre el desarrollo. Una vez más, la intensidad de este conector depende de manera crucial de la forma en que se module la estrategia de internacionalización, y de que esta se inserte de manera correcta en otra más amplia de impulso de la competitividad territorial y empresarial. Así, por ejemplo, los flujos de entrada de inversión extranjera directa no reportan beneficios automáticamente a la sociedad receptora, lo que demanda de políticas activas (y selectivas) de atracción, determinar con claridad qué se espera de la recepción de este tipo de inversión, qué papel desempeña en el marco más genérico de la estrategia de desarrollo de la región: la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Llegamos así a la tercera matización o idea importante de cara a mejorar la situación competitiva de la economía de Canarias y de sus empresas, y promover su internacionalización, a saber: que en el contexto actual las estrategias de internacionalización no se pueden seguir concibiendo sin la consideración explícita de los ODS, del desarrollo sostenible, y la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. Hemos de potenciar, por lo tanto, el carácter transversal de la sostenibilidad como vector de competitividad e innovación en el proceso de internacionalización de la economía canaria, incorporando entre sus objetivos el hacer de la sostenibilidad un elemento clave en las estrategias de desarrollo de negocio de las empresas canarias y de aquellas que deseen posicionarse en nuestro mercado.

Tal y como apuntan (Cerdán et al., 2020), la sostenibilidad es un factor de diferenciación estratégico y clave para la supervivencia en mercados maduros, caracterizados por su estabilidad y relativa saturación. “Excepto para soluciones y tecnologías realmente disruptivas, las empresas no pueden esperar grandes crecimientos en volumen de negocio en este tipo de mercados. El éxito empresarial en mercados desarrollados está cada vez más directamente ligado a la manera que tienen las empresas de relacionarse con sus grupos de interés y de asumir responsabilidades con la sociedad y con el entorno, incorporando la sostenibilidad a la estrategia de negocio” (Cerdán et al., 2020, pág. 48). La sostenibilidad también aparece de manera creciente como un factor estratégico clave para entrar en mercados emergentes. “Es precisamente en estos mercados donde los retos del desarrollo son mayores y donde la integración de la sostenibilidad en los procesos de internacionalización de las empresas, asumiendo una responsabilidad con el entorno, se puede convertir en un factor clave para el éxito” (Cerdán et al., 2020, pág. 49).

Otra oportunidad de negocio asociada a la sostenibilidad aparece en los mercados de bajos recursos (población que vive con unos ingresos inferiores a los tres mil dólares anuales, ajustados por la paridad de poder de compra), que representa aproximadamente al 70% de la población mundial y que tienen numerosas necesidades aún insatisfechas y que deben ser cubiertas. Se trata, sin duda, de mercados complejos, con características muy específicas que deben ser integradas en la formulación de estrategias de entrada. “En este sentido, una excelente manera de emprender negocios en este tipo de mercados es a través de los llamados negocios inclusivos, concepto bajo el que se conoce a aquellas actividades que integran en su cadena de valor a comunidades de bajos ingresos u otros grupos expuestos a algún tipo de vulnerabilidad, como clientes, proveedores, distribuidores o empleados, que logran ser rentables y a su vez, generan un impacto social que mejora las condiciones de vida de las personas implicadas (Cerdán et al., 2020, pág. 52).

En síntesis, una economía como la canaria, por sus características, no puede plantearse renunciar a la apertura y la internacionalización. Lo novedoso en el contexto actual es que esa internacionalización debe mirar a los ODS, a la sostenibilidad. Estas cuestiones deben estar presentes en nuestra estrategia de internacionalización y de nuestras empresas, y deben incardinarse en otra más amplia que procure impulsar la competitividad territorial y empresarial sostenible.

La sostenibilidad económica debe venir marcada por la transición hacia una economía verde, que permita la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales de Canarias.

Una de las megatendencias de mayor calado a la que se enfrenta Canarias y que transformará radicalmente nuestro sistema productivo es la transición ecológica. Resulta muy difícil exagerar la importancia que reviste para las islas abordar de manera decidida este reto.

Pero transitar hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos no solo supone un desafío inmenso, sino que también nos abre numerosas oportunidades. Además, si somos exitosos en el avance del proceso de descarbonización y en el impulso de la economía circular, lograremos reducciones significativas en nuestra dependencia exterior y en la factura importadora de combustibles fósiles, lograremos precios más asequibles para la electricidad y ahorros significativos gracias a un uso más racional de los recursos. Los beneficios para hogares y empresas serán evidentes, con mejoras sustanciales en nuestros estándares de productividad y competitividad.

En este sentido, desde las instituciones públicas se debe apoyar aquellos proyectos o iniciativas que fomenten el uso de medios de producción y consumo sostenibles, que reduzcan tanto el consumo de energía y materiales, como la producción de residuos. En este sentido, el tejido productivo de Canarias y la sociedad en su conjunto deberán ajustar sus procesos productivos, alineándolos con los principios de nuevos modos de producción y consumo como la Economía Circular o la Economía Azul. En la misma línea, con el fin de reducir las emisiones de efecto invernadero, será fundamental apostar por el ahorro y la eficiencia energética, así como por la expansión de las energías renovables dentro del mix energético de Canarias, procurando la descarbonización en todos los sectores, especialmente de los sistemas de transporte, generación eléctrica, producción industrial en el ciclo del agua, etc., e incentivando la absorción de carbono a través de sumideros naturales.

En todo caso, cabe destacar que la transición ecológica supondrá una oportunidad para la expansión de nuevas actividades económicas y el desarrollo de los denominados como “empleos verdes”. Esta modalidad de empleo se puede generar en ámbitos como la elaboración de productos ambientales (entre los que se incluye la producción ecológica, de proximidad o kilómetro 0), así como la realización de procesos ambientales en la empresa o en sectores no relacionados con el medioambiente pero que están motivados por la ecologización (Poschen, 2017). Es recomendable la creación de bancos de ideas de negocios ambientales sostenibles y de oficinas de orientación al emprendimiento sostenible.

Para facilitar la transición hacia un modelo de producción y consumo sostenible es fundamental cuantificar y visibilizar el impacto social y medioambiental de las iniciativas y actividades económicas, incentivando aquellas con mejor balance y corrigiendo las que no lo tienen, mediante un conjunto de medidas fiscales y financieras. Esta medición del impacto es algo que debe ir siendo incorporado en la contabilidad integrada de las entidades públicas y privadas, para plantear medidas de contribución al desarrollo efectivas, alineadas a un mismo propósito y congruentes con los nuevos retos y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico real en el que se desenvuelven los distintos agentes.

Las infraestructuras y los servicios que aquellas dispensan son una pieza central, clave, de cara a que los gobiernos sean capaces de impulsar de manera efectiva el desarrollo sostenible de sus territorios. Condicionan la sostenibilidad de nuestras ciudades y pueblos, la calidad de nuestro día a día y el bienestar futuro. Tal y como señala la OCDE (OCDE, 2020a), la infraestructura sostenible y de calidad juega un papel crucial en la sociedad y la economía. Es indispensable para lograr condiciones económicas, sociales y ambientales mejores y más inclusivas, y para apoyar el crecimiento mediante la ampliación del acceso a servicios vitales y la mejora de las oportunidades económicas para todos. De manera similar se ha pronunciado el foro internacional del G20 (G20, 2019), señalando que la inversión en infraestructuras de calidad contribuye a maximizar el impacto positivo de las infraestructuras sobre el crecimiento y el desarrollo sostenibles, aumentando la eficiencia económica, integrando consideraciones ambientales y sociales, contribuyendo a la mejora de la resiliencia frente a desastres naturales y fortaleciendo la gobernanza de las infraestructuras.

El desafío de brindar servicios de infraestructura sostenibles y resilientes es complejo y va mucho más allá de los bloques, el cemento y el hormigón para abarcar, entre otros aspectos, una adecuada planificación y el diseño de buenas políticas, procesos de adquisición y compra eficientes, una regulación inteligente, mecanismos de gobernanza transparentes y disponibilidad de financiación adecuada (Banco Mundial, s.f.).

Por lo tanto, los gobiernos municipales, insulares y autonómico debemos trabajar juntos para garantizar, en alianza con los inversores, que los proyectos de inversión y desarrollo de infraestructuras estén bien dimensionados y alineados con los principios de la sostenibilidad y la resiliencia, y que contribuyan de manera efectiva a la consecución de los ODS.

Si Canarias quiere ser realmente un territorio (y destino) líder en sostenibilidad, si deseamos desplegar una verdadera estrategia de competitividad territorial sostenible para nuestro archipiélago, los distintos niveles del Gobierno de la CAC, así como los inversores privados que operan en su territorio, han de tener en cuenta los factores de sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS al configurar sus estrategias generales de infraestructura y sus procesos concretos de adquisición y diseño de proyectos de infraestructura. Debe procurarse un compromiso firme, explícito y permanente por parte de inversores y autoridades públicas con los ODS y los principios de la sostenibilidad y la resiliencia. Compromisos que deben explicitarse e ir acompañados de mecanismos de control adecuados que aseguren su cumplimiento.

Los gobiernos municipales, insulares y autonómico se comprometen a incluir los ODS como un marco explícito para la planificación de sus infraestructuras, al objeto de garantizar que estos proyectos de inversión fomentan la sostenibilidad sobre la base de objetivos claros y consensuados a nivel internacional, lo que permitirá cuantificar e informar sobre los progresos en sostenibilidad de una manera más clara y coherente. Además, de esta forma se estará enviando una señal inequívoca a los inversores sobre la relevancia de integrar los ODS en los procesos de inversión que deseen acometerse en Canarias.

Fomentar la competitividad empresarial descansa de manera crucial en la promoción de los estándares de productividad y eficiencia con los que operan las empresas. El crecimiento de la productividad, a su vez, se desencadena por la combinación de atributos muy precisos en relación con la innovación, las finanzas, los recursos humanos, la gestión y la estructura de propiedad.

Las actitudes y características de las empresas no son inmutables, sino que vienen determinadas, al menos en parte, por las políticas que se apliquen y el marco institucional resultante. Por lo tanto, la promoción del crecimiento de la productividad y la competitividad debería ir más allá de la lógica de la mera compensación (subsidios), centrándose en cambio en los aspectos institucionales específicos que hacen que las empresas se inclinen a adquirir el conjunto de características “correctas” (Altomonte et al., 2012).

Las empresas son, además, agentes clave para la consecución de los ODS y de cara a la pretendida transformación del modelo de desarrollo de Canarias. Al mismo tiempo, el sector privado empresarial puede beneficiarse de la incorporación de los ODS: reducción de riesgos legales asociados a la eclosión de legislación en materia de información no financiera en todo el mundo; mejora de la imagen de marca, obtención de ventajas reputacionales y refuerzo de la confianza por parte de la sociedad; ahorro de costes; aumento de la satisfacción de los empleados y mejor posicionamiento para la atracción de talento; impulso de la innovación; etc.

No en vano, “el concepto de competitividad ha evolucionado a lo largo de los años. La definición estándar de competitividad basada en productividad y cuota de mercados se ha ampliado, de modo que ahora incluye elementos como la prosperidad social, la inclusión, y la calidad del medioambiente (…). De hecho, el Foro Económico Mundial define la competitividad sostenible como aquellos factores que garantizan la productividad en el largo plazo mientras se asegura la sostenibilidad social y ambiental” (García Navarro & Granda Revilla, 2020, pág. 75).

Por esta razón, aspectos como la sensibilización, la formación y la capacitación en materia de sostenibilidad, el apoyo a actividades productivas que contemplen criterios sociales y medioambientales, el fomento de la financiación sostenible, o la apuesta por la innovación, habrán de ser impulsados desde los distintos ámbitos de las AA.PP., en alianza con el sector empresarial y el resto de actores territoriales, y todo ello bajo el marco de la contribución a los ODS y a las metas de la ACDS 2030.

De esta manera, se fomentará la responsabilidad social y sostenibilidad corporativa para que las empresas sean capaces de integrar en su gestión las diferentes dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y ambiental), en vías de responder a las necesidades y demandas que surgen de sus diferentes grupos de interés (stakeholders). Sin embargo, el compromiso empresarial con los principios de buen gobierno no solo instituye un marco estratégico para reforzar las interacciones con sus actores internos y externos a los que rinde cuentas de manera directa, sino que deberá impulsarse también la creación de valor compartido. El principio de valor compartido involucra como ejes centrales en la definición de la estrategia de negocio tanto la creación de valor económico como la aportación de valor a la sociedad (Porter & Kramer, 2011). Se promoverá que las empresas identifiquen sus grupos de interés para, así, tener en cuenta en el diseño de su plan de negocio sus valores, expectativas y necesidades (Fernández, Fernández & Sanjuán, 2012). En esta línea, han surgido diversos programas internacionales para promover la responsabilidad de las empresas con la sostenibilidad. En concreto, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas surge con el fin de impulsar “la implementación de Diez Principios universales para fomentar el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción” (Pacto Mundial Red Española, 2017). Asimismo, la promoción de la conciliación de los intereses empresariales con los valores y demandas sociales también se concreta en el Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, el cual recalca la importancia de aumentar tanto la transparencia como la calidad informativa en materia de desarrollo sostenible por parte de las empresas para rendir cuentas de su actividad a las partes interesadas (Comité Económico y Social Europeo, 2002).

En este sentido, como afirma Adela Cortina “en la ética de los negocios y las organizaciones los marcos éticos sin herramientas para integrarlos en la vida cotidiana están vacíos, y las herramientas sin marcos están ciegas. Fundamentación y aplicación ética son elementos fundamentales”. Por ello, aunque la comunicación periódica de las empresas con sus grupos de interés es muy relevante, también es necesario que implementen herramientas que faciliten la elaboración de informes eficaces que: apoyen el proceso de toma de decisiones vinculadas a la sostenibilidad a todos los niveles en la organización, permitan dar forma a la estrategia de negocio, sirvan como guía para la innovación, fomenten la creación de valor y faciliten la atracción de inversión (Pacto Mundial Red Española, 2019).

Recientemente, el Parlamento Europeo ha subrayado la necesidad de contar con directrices europeas que normalicen y simplifiquen el marco de elaboración de información no financiera para consolidar y hacer vinculante la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, medio ambiente y buena gobernanza (Parlamento Europeo, 2021). Siguiendo estas orientaciones, se impulsará la adhesión a aquellas iniciativas nacionales e internacionales basadas en el compromiso con ODS concretos o en el establecimiento de compromisos cuantificables por parte de las empresas, por ejemplo: Memoria de Sostenibilidad siguiendo los estándares del GRI, Informe de Progreso del Pacto Mundial (Global Compact), Norma Internacional SA8000 (Social Accountability International), Índices ecológicos de Gestión (ECOGESTION) de la OCDE, European Corporate Governance Service, Science Based Target, SDG Ambition, Target Gender Equality o el Climate Ambition Accelerator.

De igual forma, se fomentará la colaboración y se constituirán espacios de diálogo sectoriales para buscar soluciones conjuntas a retos comunes. Además, y tal como señala Red Española de Pacto Mundial (2021), se potenciará el trabajo sectorial para acordar medidas y compromisos que puedan servir de orientación a las empresas, pues “cada sector cuenta con un amplio potencial de impacto sobre determinados Objetivos y metas de la Agenda 2030” (Red Española de Pacto Mundial, 2021, pág. 9). No obstante, “para que estos potenciales impactos se materialicen con éxito son necesarias ciertas condiciones. La principal es que las empresas de un mismo sector cuenten con una visión compartida sobre cómo abordar los retos que plantean los ODS y por tanto sobre cómo propiciar una transformación sostenible en sus propias organizaciones y en el conjunto del sector” (Red Española de Pacto Mundial, 2021, pág. 9).

Además, de cara a aprovechar todo el potencial de las empresas como verdaderos agentes del cambio, resulta imperativo promover, defender y dar visibilidad a la mujer empresaria, impulsar el desarrollo pleno de la mujer como empresaria, profesional liberal o directiva, y estimular y apoyar a la mujer emprendedora (ASEME, s.f.).

Se deberá trabajar, por último, en el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar los logros conseguidos y la contribución a los ODS y metas canarias, su rendimiento y avances en la consecución de la ACDS 2030.

Se implementarán distintas acciones y medidas por parte de la Administración pública para apoyar la creación y expansión de empresas y/o entidades de economía social y del tercer sector. El modelo empresarial de estas organizaciones, definido por su carácter sostenible, integrador y generador de empleo de calidad, se alinea claramente con los valores y objetivos de la Agenda 2030. En este sentido, las empresas de economía social destacan por la priorización de las personas en su funcionamiento, así como por la distribución equitativa de los beneficios y su reinversión en el fin social de la empresa.

En consonancia, entre otras acciones, se deberá apoyar a quienes emprendan en el diseño y gestión de sus proyectos o el fomento del cooperativismo de plataforma como medio emergente para el emprendimiento online.

De igual forma, se prestará especial atención a la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública, y se incrementará el porcentaje de contratos reservados a las Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo, dando el necesario cumplimiento a la legislación de contratos del sector público.

En la misma línea, desde las Administraciones públicas se deberá promocionar el desarrollo de proyectos relacionados con las “nuevas economías”. La característica común de estos modelos es que constituyen una propuesta de modificación del marco de relaciones entre los agentes económicos, a partir de la cual se avanzaría hacia una economía al servicio de las personas y respetuosa con los límites del planeta. Entre estas “nuevas economías” destacan: la economía colaborativa, la economía del bien común, la economía de los cuidados, la banca ética, la economía circular, la economía azul, la economía naranja, etc.

Nos marcamos como una tarea prioritaria respaldar estos modelos innovadores que entendemos como una oportunidad para la consecución de los objetivos y metas del desarrollo sostenible, para liderar el impulso de una agenda que aúne los conceptos de prosperidad económica, protección social de calidad y sostenibilidad medioambiental.

Los distintos niveles de la Administración pública tendrán en cuenta la importancia de las nuevas economías o economías transformadoras, así como los emprendimientos vinculados a la economía de impacto en sus distintas políticas aceleradoras para hacer frente común a los retos que son cruciales para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y como nuevos conceptos revitalizadores de la economía social que ayudarán a acelerar el proceso de recuperación económica y de transformación hacia un modo de hacer economía sostenible.

En este sentido, resulta crucial que desde las Administraciones públicas canarias se adopten decisiones estratégicas y políticas vinculadas a la compra responsable pública en materia de compra ética y social, a la vez que se reconocen los estándares promovidos desde las economías transformadoras e incorporándolos en guías, manuales, planes de formación y convocatorias de ayudas y subvenciones dirigidas a financiar la implementación en las pymes y microempresas canarias de estas certificaciones de medición de triple balance social, económico y ambiental.