El subsector del turismo rural, que aglutina 800 casas en Canarias con capacidad para más de 4.000 plazas –la mayoría en Tenerife, La Palma y Gran Canaria-, está cansado de pedir auxilio a las administraciones públicas y sobrevive a duras penas desde hace años ante un futuro cada vez más amenazante por la “oferta masiva” del alquiler vacacional en los pueblos de medianías y en muchos casos en suelo rústico, denuncian sus promotores.
