Millones de euros se mueven en los contratos que el Ejecutivo autonómico adjudica a las ONG para la gestión de las instalaciones de atención. El gasto total desde noviembre hasta la actualidad asciende a 16,68 millones, según las licitaciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Sin embargo, el dinero no siempre se traduce en una acogida digna. En el Archipiélago se acumulan las denuncias por hacinamiento, malos tratos o desprotección infantil, y la tramitación de las adjudicaciones por emergencia obstaculiza los controles y la fiscalización de los fondos.
Contratos millonarios para centros precarios: el monopolio de las ONG con los menores migrantes en Canarias
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