No abordar la acogida »a golpe de emergencia», contratar a personal formado y transformar el debate político. Estas son algunas de las propuestas para mejorar la atención de los menores migrantes en Canarias que recoge el informe sobre Vulneraciones de Derechos Humanos en Canarias 2024: Infancia migrante y criminalización, publicado este miércoles y elaborado por los centros Irídia y Novact en colaboración con la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote.
La investigación advierte de que el tira y afloja entre partidos y gobiernos para reformar la Ley de Extranjería y sacar adelante el traslado obligatorio de jóvenes hacia la Península consolida una »narrativa criminalizadora» que contribuye a presentar la inmigración como una amenaza.