En Canarias hay abultadas discrepancias entre las cifras oficiales y las que manejan las páginas web, lo que desvela que parte de esta actividad escapa a los controles.
Consumo ha abierto una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la ley de los consumidores y que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros.