Los ayuntamientos advierten de que no cuentan con personal para cumplir con el plan de comprobación exigido. El Gobierno tiene plazas vacantes en el servicio de inspección turística y en Barcelona, donde la actividad irregular se descontroló, solo un equipo de más de 40 trabajadores ha podido frenarla.
“Ningún consistorio tiene recursos económicos propios para hacer frente a la labor inspectora que esta ley quiere imponer. No tenemos personal para controlar cada uno de los hogares”, indican fuentes del Ayuntamiento de Yaiza, localidad donde casi una de cada cuatro viviendas es vacacional.